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Acción, reacción, represión

by Andreu Jerez. Average Reading Time: about 4 minutes.

Cuando los conflictos entran en una espiral de violencia, las partes implicadas se enzarzan en una dinámica de acción y reacción. Es el caso de la “cuestión kurda”: tras el atentado de la semana pasada en Ankara, reivindicado por una facción del PKK, las fuerzas de seguridad iniciaron una serie de operaciones que acabaron en tiroteos con miembros del grupo armado. Además, la aviación militar turca sigue intensificando sus bombardeos sobre posiciones del PKK en las montañas del norte de Irak (en Diyarbakir se puede escuchar hasta una docena de despegues de cazas al día). Esta misma semana, el PKK ha secuestrado a once profesores de primaria en diferentes puntos del Kurdistán turco acusándolos de atentar contra los derechos lingüísticos de los kurdos. No en vano, la República fue fundada sobre la base de “una Nación, una lengua, un líder”, valores que explican muchos de los problemas internos a los que se enfrenta en la actualidad un Estado multinacional y multiénico como el turco, así como el culto que siguen rindiendo las instituciones a la figura de Atatürk.

Más allá de esa dañina y peligrosa dinámica de acción-reacción en la que se está enfangando el conflicto kurdo desde las últimas elecciones celebradas el pasado junio, una cosa está clara: el Estado, a través del monopolio de la violencia y el control de las instituciones, sigue aplicando una represión sistemática contra al movimiento nacional kurdo que se agudiza cuando la cuerda militar entre ambas partes se tensa. Un claro ejemplo: el pasado martes, 23 personas pertenecientes a la ONG Human Right Organization (IHD) y los sindicatos kurdos Eğitim-Sen y SES fueron detenidas en Urfa. Los detenidos pertenecen presuntamente a las KCK (Union of Kurdistan Communuties), células de apoyo urbano del PKK, y por tanto son sospechosos de colaboración con “organización terrorista”.

Un día después de la operación policial entrevisté a Raci Bilici, secretario general de IHD en Diyarbakir. “Mira, a mi mismo me podrían detener por estar realizando esta entrevista contigo con la acusación de pertenencia a una KCK”, me dijo Raci, mientras subía cada vez más el tono de voz evidentemente enojado por las detenciones de sus compañeros. A la vista de los acontecimientos, el discurso de IHD es meridianamente claro: la “iniciativa democrática” puesta en marcha por Erdogan en 2009 no sólo no ha mejorado el respeto de los derechos humanos, sino que “la tortura sigue siendo sistemática” y el número de detenidos en las regiones kurdas por cuestiones políticas ha aumentado: durante los primeros seis meses de 2011, fueron más de 16.000 las personas detenidas, mientras que durante el mismo periodo de 2006 esa cifra ascendió a 6.492 personas (estadísticas de la IHD).

El BDP, partido nacionalista kurdo, es otra de las organizaciones que sufre el flagelo del Estado. En las últimas elecciones generales, obtuvo 36 parlamentarios. Sin embargo, seis de ellos, que se presentaron como candidatos desde la cárcel, siguen presos por “crímenes contra el Estado”. Por esta razón, el partido decidió boicotear la actividad del Parlamento de Ankara tras las elecciones del pasado junio. Ante la sucesión de episodios violentos, el BDP, tras una reunión en Diyarbakir, anunció el pasado miércoles que volverá a la Asamblea nacional para retomar a la senda del diálogo. Buena noticia, se comenta en las calles de Diyarbakir.

Justo después del anuncio, emitido en directo por la televisión kurda Roj TV (producida desde Dinamarca), me entrevisté en la sede de la formación en Diyarbakir con Alí Ozdus, miembro del Comité de municipalidades del BDP. Con el sonido atronador de los cazas despegando desde el aeropuerto como hilo musical, Ozdus me desgranó las demandas básicas de su partido para retomar la senda de la solución: derecho a la educación íntegra en kurdo, eliminación de la barrera electoral del 10 por ciento para entrar en el Parlamento, eliminación de referencias étnicas de la Constitución, amnistía para los miembos del PKK que abandonen las armas, mejora de las condiciones carcelarias para el líder kurdo Öcalan y el resto de presos del PKK, así como una reorganización política que permita un funcionamiento más democrático y descentralizado del Estado. Ni rastro de la palabra “independencia” o de posiciones maximalistas, a ojos de este periodista extranjero.

“El problema”, me comentó Alí, “es que el Estado no parece dispuesto a debatir esas demandas, que nosotros consideramos como aceptables para el actual gobierno. Y si el Ejecutivo de Erdogan se sigue cerrando en banda a negociar nuestra propuesta, el conflicto empeorará y se trasladará a las ciudades”. Acto seguido, Alí me preguntó si en Cataluña y en Euskadi los niños pueden estudiar en las escuelas en las lenguas autóctonas, a lo que yo le respondí con un resumen del sistema autonómico español. Alí, sorprendido, me contestó: “Si el Estado turco nos diera un 1 por ciento de los derechos que tienen catalanes y vascos, el conflicto estaría resuelto”.

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